Estado de excepción en Paraguay: Lugo impone grave retroceso democrático

Kaos En La Red

La Federación Nacional Campesina, mayor agrupación de trabajadores rurales del país, expresó su categórico rechazo a la medida del gobierno de Lugo.

Un inconstitucional Estado de Excepción fue impuesto por el Gobierno del Presidente Fernando Lugo en 5 departamentos del país. Constituye uno de los más graves retrocesos en las conquistas democráticas del pueblo paraguayo después de la caída de la dictadura en febrero de 1989. Afecta directamente a las libertades ciudadanas individuales y de las organizaciones sociales y políticas democráticas.

La Constitución paraguaya establece claramente en su artículo 228 que el Estado de excepción sólo es aplicable “en caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”. Mismo así el Parlamento dominado por la derecha tradicional dio su aprobación a la medida planteada por el gobierno de Lugo.

La supuesta “amenaza” por la cuál fue declarado el estado de excepción constituye un grupo vinculado al narcotráfico y secuestros que pretende aplicar métodos de “guerrilla” emulando al crimen organizado del narcotráfico del Brasil. Según el propio gobierno el grupo que se autodenomina EPP no pasa de una veintena de integrantes y en ningún país del mundo sería motivo para establecer un Estado de excepción quebrando las libertades democráticas y constitucionales.

Esta acción del gobierno de Lugo solo demuestra su inoperancia e inmoralidad para luchar contra el flagelo del narcotráfico, el secuestro y la delincuencia generalizada, ya que se ha comprobado en forma permanente que policías, fiscales y jueces se hallan involucrados en forma directa y en complicidad con estos hechos, y el Gobierno de Lugo vino a pactar y a mantener el status quo de los grandes grupos de la corrupción heredados de la dictadura militar.

Más represión al movimiento popular

La medida implica la directa supresión de las libertades políticas democráticas como derechos de reunión, asociación, manifestación, y faculta directamente a las fuerzas militares y policiales a la detención de cualquier persona sin mediar orden judicial ninguna, como asimismo las fuerzas represivas podrán intervenir en cualquier local público o privado sin necesidad de orden del ministerio público o del poder judicial.

La actitud de Lugo es coherente con la política represiva de su gobierno que viene aplicando las mismas recetas neoliberales del FMI y manteniendo la corrupción del anterior gobierno colorado heredero de la dictadura. Lugo pacto con el más podrido Poder Judicial del mundo y con fuerzas derechistas del Parlamento a fin de que no sea sometido a un Juicio Político por su irresponsabilidad como gobernante.

De entendimiento de Leyes poco se puede exigir también del gobierno de Lugo ya que en todo momento su Ministro del Interior Rafael Filizzola dio riendas sueltas a la brutalidad represiva propia del fascismo de la policía paraguaya que en reiteradas ocasiones fue denunciada por actos de secuestro y tortura de dirigentes sociales quedando todos esos hechos en la Impunidad. Siquiera de las más brutales represiones a manifestaciones pacíficas –incluso a partidarios de Lugo frente al Ministerio Público- fueron instaurados sumarios para sancionar a sus responsables. En todo momento, el Ministro del Interior Rafael Filizzola apaño la represión y Lugo lo mantuvo en el cargo como señal de acuerdo pleno con la labor represiva y violatoria de los Derechos Humanos aplicada por la Policía Nacional.

Lugo por el camino del asesino Uribe de Colombia

La alianza estratégica del gobierno de Lugo con el asesino Alvaro Uribe de Colombia sigue rindiendo sus frutos.

La Colombia del fascista Uribe sirve como ejemplo de nueva cuna del fascismo Hitleriano en América Latina, con los récords de asesinatos de periodistas, dirigentes sociales, políticos, masacres de campesinos e indígenas. Ahí acudió el gobierno de Lugo con su Ministro Filizzola, tal vez concientes de lo poco que puede aportar ese Estado en materia de seguridad, pero ávidos del enorme caudal de financiamiento del Plan Colombia a quienes se mantengan alejados del eje revolucionario Bolivariano liderado por Venezuela y el proyecto socialista.

Pero todo vale en materia de distracción y de propaganda para ocultar el enorme fracaso del gobierno de Lugo: el Estado de Excepción sólo amedrenta, amenaza y coarta la acción de las genuinas organizaciones del movimiento popular, y en nada afecta a la actividad delictiva que el gobierno dice querer enfrentar.

Estratégicamente el Estado de Excepción es una medida contra las organizaciones populares y de izquierda que se oponen al gobierno neoliberal y de nuevo cuño derechista de Lugo y una cortina de humo sobre la corrupción del gobierno y sus políticas hambreadoras neoliberales.

Izquierda revolucionaria y DDHH rechazan Estado de Excepción

La Federación Nacional Campesina (FNC), la mayor agrupación de trabajadores rurales del país, expresó su categórico rechazo a la medida ultraderechista y anticonstitucional del gobierno de Lugo. "Rechazamos y condenamos el estado de excepción, porque la FNC tiene una lucha histórica por la defensa de las libertades públicas” señaló Odilón Espínola, secretario general.

Varias otras organizaciones sociales y políticas de izquierda repudiaron la medida como la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), el Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahürã MPR-PP y el Partido Patria Libre (PPL).

El Ing. José Rodríguez, Secretario General de Patria Libre, expresó que “la medida del gobierno de Lugo es coherente con sus políticas neoliberales represivas y la permanente violación de las garantías Constitucionales de las personas y nosotros en las bases organizadas del movimiento popular no vamos a acatar una medida inconstitucional propia de una dictadura militar"

El abogado Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) dijo que no existen requisitos legales para que se llame a un estado de excepción. El Gobierno tiene todos los medios legales para detener a los supuestos delincuentes y dijo que “no hace falta declarar estado de excepción para poder detener a 20 personas que están en el monte, y si no lo hacen las autoridades competentes, demuestran su inutilidad y se acogen a suprimir garantías constitucionales para poder lograr la detención de individuos que están fuera de la ley”.

Por su parte varios grupos que apoyan y forman parte del gobierno de Lugo como Tekojoja y P-mas –algunos de ellos hoy procesados por corrupción- manifestaron su apoyo a la medida a sabiendas de que la misma es claramente anticonstitucional y que en definitiva el accionar de las fuerzas represivas tiene como blanco fundamental a las organizaciones populares, lo que es una constante del gobierno de Lugo.

Transcripción del Manifiesto del PPL sobre el Estado de Excepción:

Ante la imposición de una medida inconstitucional de Estado de Excepción por parte del Gobierno de Fernando Lugo, el PPL expresa:

1. Que la medida extrema del Estado de Excepción impuesta en 5 departamentos del país viola abiertamente lo establecido en el Art. 228 de la Constitución, constituye una mera cortina de humo sobre la corrupción e inoperancia del gobierno y abre las puertas a una mayor represión contra el movimiento popular organizado.

2. Esta medida sólo agravará el atropello a la población en los citados departamentos y en particular a los militantes populares organizados, visto el reiterado y consabido accionar fascista de las fuerzas policiales y militares cuyo método principal es el avasallamiento de las libertades políticas, el secuestro y la tortura.

3. El gobierno del ex obispo Lugo y su ministro Rafael Filizzola, los nuevos aprendices del asesino Uribe de Colombia, el carnicero de La Macarena, vienen aplicando una sistemática política de represión y persecución al movimiento popular que no se acomoda con sus dádivas, cargos y corrupción. La profundización de la alianza fascista LUGO-URIBE en lucha “antiterrorista” sólo viene a perfeccionar la persecución al movimiento popular y confirmar a Lugo como payaso de la oligarquía vendepatria y leal peón de las políticas neoliberales e imperialistas en América Latina, tomando una clara distancia del eje revolucionario bolivariano y socialista liderado por la hermana República Bolivariana de Venezuela.

4. Los más claros ejemplos del gobierno de Lugo de su vocación derechista y autoritaria y de criminalización de la lucha social fueron las salvajes represiones al frente social frente al Ministerio Público, a los compañeros de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Caaguazú que fueron torturados por fuerzas policiales en plazas públicas, a más de las decenas de denuncias de secuestro y tortura a dirigentes y militantes sociales y el asesinato de mas de 10 campesinos bajo el actual gobierno, hechos que como en los gobiernos anteriores quedan en la total Impunidad.

5. Un hecho destacado de esta amplia campaña represiva constituye el torpe e ignorante atropello al Derecho Internacional y a las Naciones Unidas protagonizado y liderado por los ministros neo-stronistas del gobierno de Lugo, el canciller Héctor Lacognata y el Ministro Rafael Filizzola. No conformes con emitir una propaganda anti-constitucional de supuesta “búsqueda” contra ciudadanos que gozan de protección internacional de las Naciones Unidas en el Brasil bajo el status de Refugiados Políticos (Arrom, Martí y Colmán), se pasaron fraguando ridículos argumentos con la colaboración de Uribe, el aliado fascista de Lugo, para intentar criminalizar a los líderes de Patria Libre y quebrar el Refugio Político y protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) en el Brasil. Al mismo tiempo el gobierno de Lugo mantiene en la Impunidad y en altos mandos policiales a los policías torturadores de los compañeros Refugiados Políticos, entre ellos el actual jefe de investigaciones de la Policía Nacional en el departamento Central, Crio. Saturnino Antonio Gamarra, hecho por el cuál el Estado paraguayo esta sentado en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por Delitos de Lesa Humanidad y Terrorismo de Estado.

6. El supuesto combate a grupos dedicados al narcotráfico y secuestros agrupados bajo las siglas del EPP, motivo del Estado de Excepción, es un mero pretexto propagandístico del gobierno de Lugo para desviar la atención ya que se encuentra acorralado por denuncias de corrupción, violación de los Derechos Humanos e incumplimiento de sus promesas electorales.

¡ALTO LA REPRESIÓN FASCISTA DEL GOBIERNO LUGUISTA-URIBISTA!

¡POR LA UNIDAD DE LAS FUERZAS POPULARES PARA CONQUISTAR UN GOBIERNO PATRIÓTICO REVOLUCIONARIO!

Dirección Política Nacional del Partido Patria Libre (PPL).

Patrialibre_paraguay@yahoo.com